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Reflexiones sobre inclusión y discapacidad

Por Karina Marín
Según datos estimativos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), son unos 600 millones las personas que, a escala mundial, viven en situación de discapacidad. Vale preguntarse, sin embargo, en dónde radica la importancia de este dato numérico, porque las estadísticas de este tipo, más allá de ser útiles para los informes de salud pública, en nada contribuyen a resolver un problema social bastante complejo, que más que con un escenario de enfermedad tiene que ver con una noción de anormalidad. En el libro Visiones y revisiones de la discapacidad, publicado por el Fondo de Cultura Económica hace poco más de un año (México, 2009), se incluye el estudio de Christian Courtis, jurista experto en temas de derechos sociales, económicos y culturales, titulado La implementación de políticas antidiscriminatorias en materia de discapacidad: dificultades y desafíos. Al inicio del texto, Courtis parte de la dicotomía enraizada en prejuicios históricos que enfrenta una noción negativa, excluyente y segregacionista de la discapacidad, a la que percibe como un problema de salud pública, versus la idea de que la discapacidad es, más bien, una característica individual. Dice Courtis en su ensayo: “Las políticas tradicionales destinadas a la discapacidad han abrevado exageradamente en una concepción médica o -aún peor- en inspiraciones caritativas: se pensaba a las personas con discapacidad como débiles y merecedoras de caridad y, por ende, como meras destinatarias de ayudas o dádivas por su desgracia personal”.

Dicho en otras palabras: contar cuántas personas en situación de discapacidad viven en el Ecuador y luego resolver, como política de Estado, destinar un monto mensual para cada una de ellas, es ver a la discapacidad como una desviación negativa con respecto a un estándar de normalidad. Entonces, el acto político, que en primera instancia parecería revestir un gesto de buena voluntad -porque, a partir de este modo de pensar, una persona con discapacidad es el sujeto perfecto para recibir caridad- se convierte, en definitiva, en una acción que promueve un modelo social excluyente o lo que se conoce hoy como la conformación de una sociedad discapacitante.Si los brigadistas que conformaron la misión que envió el Gobierno para constatar el ambiente precario en el que viven algunas personas con capacidades especiales, sobre todo en sectores rurales, pudieron comprobar que muchos de ellos eran atados a árboles o encerrados en sus domicilios y amarrados a la cama mientras sus cuidadores salían a trabajar, ¿qué hace pensar que esos padres o cuidadores no se gastarán el dinero en otros menesteres y que lo recibido hará que, por obra y arte de magia, suelten a sus presos en extremo acto de amor fortuito? ¿Comprobará el Gobierno, casa por casa, mes por mes, caso por caso, año tras año, en qué se está invirtiendo ese dinero? ¿No sería mejor, de una vez por todas, empezar a educar profesionales que puedan implementar en el país los métodos terapéuticos más modernos de los que aún no se tiene noticia ni siquiera en las ciudades más importantes?

* Artículo publicado en el año 2010 en la sección de opinión de Diario Hoy de Quito.

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