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Reflexiones sobre inclusión y discapacidad

Por Karina Marín

A partir de la discusión en torno al tema del aborto, no hay que olvidar que la única reforma de esta ley tiene que ver con una rectificación formal del modo de nominar a las mujeres en situación de discapacidad mental, que antes la ley reconocía como “idiotas” o “dementes”. Esta modificación, sin embargo, no representa más que una acción políticamente correcta pero hueca, que enmascara la continuidad de la discriminación.

Miles de mujeres con discapacidad cognitiva en el mundo son víctimas de abuso sexual. Muchas son obligadas a abortar y otras tantas, son esterilizadas sin su consentimiento. Hoy en día, hay organizaciones que luchan por el derecho de estas mujeres a una sexualidad sin violencia y a una maternidad voluntaria. ¿Por qué entonces en Ecuador aceptamos la excepción sin más? Dirán que las mujeres con discapacidad mental que han sido violadas merecen otro trato y algo de compasión. Pero dejando de lado rodeos moralistas y otras delicadezas, la verdad es que nadie quiere imaginar la maternidad de mujeres que la sociedad prefiere asumir como seres asexuados, casi angelicales. Lo que está detrás de esta excepción tiene que ver con un ejercicio del poder sobre la vida de los individuos, que decide quién debe vivir y quién no: se debe reproducir ciudadanos económicamente productivos. Esta idea permite comprender por qué la reproducción y la sexualidad son los grandes temas alrededor de los que giran los debates sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. ¿Qué tipo de ser humano puede ser engendrado por una mujer con discapacidad mental? Uno que, heredero del ‘mal’ materno, represente una carga para la sociedad. De ese modo, prescindir del nasciturus que se prospecta en el cuerpo de la mujer “idiota”, no es un acto de piedad hacia ella, sino un modo de controlar la expansión de lo que la sociedad –y el estado detrás de ella- percibe como anormal e improductivo.

Se entiende entonces que, cobijada por una religiosidad también controladora, esta excepción se esconda tras la máscara de la conmiseración. Sin embargo, cuando el acto de violación sexual está siendo consumado, no hay nada que diferencie a una mujer de otra, ¿o es que acaso la falta de discapacidad en unas mujeres le da características distintas a la violencia sexual? Si la constitución de Montecristi se jacta de garantizar la igualdad de sus ciudadanos ante la ley prohibiendo todo tipo de discriminación, la excepción en el caso de la penalización del aborto irrespeta la constitución, porque discrimina a todas las mujeres: a unas, porque se percibe en ellas un cuerpo imperfecto, incapaz de engendrar; a otras, porque el derecho de decidir sobre su propio cuerpo desaparece para dar paso a una corporalidad ‘naturalmente’ destinada a la reproducción. En uno y otro caso, la ‘revolución ciudadana’ acentúa imaginarios de segregación y violencia, que hasta los más acérrimos opositores al correísmo, fieles a sus creencias religiosas, están respaldando con su silencio.

* Publicado en la sección de Opinión de Diario Hoy, octubre 18 de 2013.

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